La rendición de cuentas permite el acceso a la información, ya que las instituciones del sector público están obligadas a transparentar información relacionada con su gestión, lo que a su vez genera involucramiento o participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Participar en todo el ciclo de las políticas públicas asegura el derecho de las y los ciudadanos a ser parte e incidir en la formulación, implementación y evaluación de estas, y exigir la consecución de resultados que garanticen el ejercicio de derechos.

Este ejercicio ciudadano propicia el control social sobre las acciones u omisiones de las instituciones que manejan fondos públicos, por medio de veedurías, observatorios, comités de usuarias y usuarios y cualquier otro mecanismo dirigido a ejercer contraloría social sobre el desempeño y gestión de lo público, fortaleciendo de esta manera la incidencia política de la ciudadanía; a fin de evitar, entre otras cosas, posibles actos de corrupción.

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