“Tolerancia cero” para las invasiones de terrenos fue, en resumen, la estimación del gobernador (E) Mario Quintana, quien el 1 de septiembre se reunió con Evelyn Montalván, secretaria técnica de Asentamientos Irregulares para tratar sobre la denuncia que sobre el tema presentaron la empresa pública, Aguas Machala, y la Dirección de Industrias del Ejército, DINE.

En la referida sesión de trabajo, estuvieron presentes todos los involucrados en el asunto ateniente a las ocupaciones ilegales y se ratificó que este tipo de actividad; a más de ilegal, constituye un atraco para quienes pagan por un lote.

“Una vez que llegó la denuncia correspondiente, la Intendencia General de Policía de El Oro, efectuó la gestión pertinente anta el Ministerio de Gobierno para que se determine lo pertinente. Lo que deben conocer los ciudadanos es que no permitiremos invasiones ni en predios públicos ni privados”, aseguró la autoridad provincial.

Visita In Situ

Alrededor de la hora meridiana del día antes mencionado; la secretaria técnica, Montalván; el intendente (S), Marcelo Orellana y el comisario nacional (E) Ricardo Triviño ejecutaron una inspección in situ para comprobar la situación en los terrenos de Aguas Machala y de la DINE en el barrio Virgen del Cisne, de la parroquia urbana, Puerto Bolívar.

Al respecto, el intendente Orellana indicó que se comprobó la ocupación ilegal y que en los predios de las empresas públicas referidas se han levantado alrededor de dos mil covachas hechas de caña y plástico.

“Fuimos nuevamente a dialogar con los personas que se han asentado ahí para de manera cordial y pacífica pedirles que se retiren. Les hemos explicado que la Ley condena este tipo de hechos”, aseveró Orellana.

De igual manera, la secretaria técnica Montalván refirió que ella recorrió ambas invasiones y que conversó con decenas de personas que al notar la presencia de las autoridades se agolparon para esgrimir sus justificativos ante ellos.

Consideración

Como sea, el gobernador Quintana reiteró que no se trata de negar el derecho a la  vivienda ni de coartar el derecho a la libre asociación sino de hacer cumplir la Ley que contempla como delito a las invasiones.

“Lo peor es que los traficantes de tierras se valen de la necesidad de las personas para venderles la ilusión de un lote. En estos casos, los solares en realidad son piscinas camaroneras abandonadas sin servicios básicos y en zona de riesgo de inundación por su cercanía al mar; además, están en hondonadas, las cuales pueden llenarse en época lluviosa”, consideró  el ejecutivo provincial.