Desalojo pacífico en terrenos de la UTMACH ejecutó la Comisaría Nacional de Arenillas
Que no se registraron incidentes durante la ejecución de la Orden de Desalojo N°DE43-2019-JAZ que se efectuó la tarde del 8 de octubre en Arenillas, fue lo que aseveró el comisario nacional, Kelvin Serrano Guerrero, quien verificó la acción y controló que no se vulneraran los derechos de las personas que fueron retirados de los predios de la Universidad Técnica de Machala, UTMACH.
“Tal cual lo dispuso el gobernador, Danny Gámez, estuvimos pendientes de que a los adultos mayores y a los menores de edad se les diera atención prioritaria. Se permitió que las familias sacaran sus pertenencias de las viviendas antes de proceder a derribarlas”, señaló el funcionario.
Serrano indicó que en el operativo coordinado por la Gobernación de El Oro, a través de la Intendencia, participaron varias unidades policiales: como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Motorizados Antinarcóticos (GEMA), Policía Judicial (PJ), y Grupo De Operaciones Motorizadas (GOM).
Tráfico de tierras
Según el expediente del caso, la UTMACH solicitó el desalojo de sus terrenos ante la persistencia de un grupo de ciudadanos que años atrás los ocuparon sin autorización alguna.
“Durante el diálogo con los invasores, estos manifestaron que fueron engañados por una persona particular, la cual les cobró dinero por estos predios, diciéndoles que iba a gestionarles la legítima propiedad lo cual no ocurrió por tratarse de 54 hectáreas que le pertenecen de manera legal a la UTMACH”, expresó el comisario nacional.
Advertencia
Argumentó que de acuerdo con el Artículo 201 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, la persona que promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
“Advertimos a la colectividad para que no se dejen estafar por los mercaderes de tierra, quienes prometen solares que no les pertenecen e instan a las personas a que invadan propiedad privada, demandando dinero en efectivo sin que haya ningún documento que garantice la legalidad de esas transacciones”, consideró la autoridad cantonal.